El 2010, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat encargó una evaluación de públicos de los equipamientos municipales para saber el grado de cumplimiento de los objetivos marcados para los mismos. El estudio puso en evidencia que no se había conseguido el acceso universal: la participación de las familias de renta media y baja era muy inferior a la que correspondería por su peso demográfico en la ciudad. Se llegó a la conclusión de que los servicios municipales sólo eran accesibles a las personas con más poder adquisitivo porque el precio actuaba como barrera para las personas con menos recursos.

Para corregir la situación y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios municipales, el Ayuntamiento decidió aplicar una nueva política de precios públicos que tuviera en cuenta la renta de las familias e implantó la tarifación social. Se trata de un modelo de cálculo que sustituye el precio único por una tabla de precios variables, calculados en función de los ingresos familiares y del número de miembros del núcleo familiar de los usuarios. La tarifación social permite hacer una política redistributiva al aplicar precios más equitativos. Es un sistema que integra directamente bonificaciones en el precio, sin necesidad de que el usuario solicite una ayuda a los servicios sociales, de forma que el precio que paga el usuario por el servicio se calcula de forma automática según la renta de la familia.

Actualmente, en Sant Feliu de Llobregat la tarifación social se está aplicando en los servicios educativos de guarderías, incluido el comedor, en las escuelas de música y en los servicios de atención domiciliaria, de ayuda a domicilio y teleasistencia.

- Facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios y equipamientos municipales en igualdad de oportunidades, adaptando los precios públicos a la capacidad económica de las familias.

- Mejorar la equidad y la eficiencia del sistema de tarifas de precios públicos.

- Promover la sostenibilidad de los servicios.

Los usuarios pueden pedir que se les aplique la tarifación social en el momento de solicitar los servicios, firmando una autorización que permite al Ayuntamiento consultar los datos fiscales de los interesados.

El precio a aplicar al solicitante depende de la renta de las familias. Se definen diferentes categorías en función de los intervalos de renta equivalente, que es la renta monetaria modificada teniendo en cuenta el número total de personas de la familia  que computan a efectos del cálculo, es decir, básicamente la renta per cápita de la familia. Y para cada una de estas categorías se fija un precio. El precio es inferior para las rentas más bajas, con lo que se introduce la progresividad.

Durante todo el año, los usuarios, en caso de variación sustancial de su renta, pueden pedir la revisión de las cuotas, aportando la documentación acreditativa.

Se ha creado una comisión para la valoración de los casos singulares, es decir, aquellas situaciones en las que la familia quiere acreditar un cambio en la situación económica, y ésta no se encuentra entre los supuestos tipificados en la solicitud de revisión de la cuota.

La ciudad catalana de Sant Feliu de Llobregat es capital de comarca y ocupa una superficie de 11,81 km²  limitando con la ciudad de Barcelona. Cuenta con algo más de 40.000 habitantes.

La base de su economía está en la industria y en el sector servicios. Por su desarrollo económico, sus buenas comunicaciones y su proximidad a Barcelona, la ciudad experimentó un importante aumento de población a finales del s. XX, que ha quedado consolidado.

La renta familiar disponible bruta por habitante, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, 2013, era de 17.500 €, lo que representa una media sensiblemente superior a la comarcal y ligeramente inferior a la catalana. La tendencia generalizada de los últimos años ha sido de decrecimiento económico, con una progresiva disminución del número de empresas y del nivel de ocupación. En la actualidad se observan indicios de una lenta recuperación económica.

Se comenzó a poner en práctica la tarifación social el 2012 en los servicios de teleasistencia y en la atención a domicilio, y con esta reducción de precios, se consiguió un incremento superior al 50% en el número de usuarios.

La tarifación social se aplicó en el curso 2013-2014 en las guarderías. Aproximadamente el 40% de las familias pagaron la misma cuota que pagaban antes de establecerse los nuevos precios, y un 60% pagó menos. A pesar de la disminución de la natalidad, al favorecer el acceso a las personas con rentas más bajas se incrementó la matrícula de niños y niñas.  Actualmente, utilizan el servicio de comedor un 60% más de niños y niñas que dos años atrás.

El curso 2014-2015 se aplicó la tarifación al Servicio de la Escuela Municipal de Música y casi se ha doblado el número  de alumnos.

La voluntad del Ayuntamiento es extender la tarifación social a todos los servicios públicos municipales que tienen asociado un precio público, exceptuando las entradas puntuales a un espectáculo o actividad.  Revisando y mejorando los criterios técnicos y económicos que sean necesarios, se quiere aplicar también a todos los equipamientos y servicios deportivos municipales, y a los talleres, actividades, cursos, etc. que se hagan en los equipamientos cívicos y culturales destinados a las personas mayores o a la juventud.

Puntos fuertes:
- Aporta transparencia y automatismo.
- Favorece la reducción de los conflictos sociales porque contribuye a la equidad en el acceso a los servicios públicos municipales.
- Deja de lado la cultura del subsidio y elimina el problema del estigma asociado.
- Incrementa la demanda de los servicios, sobre todo entre las personas con rentas medias y bajas.
- Elimina los problemas de exclusión de las familias que, a pesar de tener rentas bajas, no llegaban a acceder al sistema de becas.

Puntos débiles:
Para hacer sostenible este modelo de tarifación, es necesario cuantificar con exactitud el precio del servicio. Si el Ayuntamiento no aumenta el precio establecido antes de aplicar los precios bonificados, tendrá que asumir íntegramente el coste asociado a los beneficios fiscales porque obtendrá menos ingresos.